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Madre e hijo jugando con un soplador de burbujas - COVID19 y régimen de visitas

Estado de alarma por COVID-19 y régimen de visitas

Como ya sabemos todos, nos encontramos ante un estado de alarma prorrogado hasta el próximo 26 de Abril como mínimo, viéndose modificada toda nuestra rutina y desarrollo diario, y por ende también el régimen de visitas o régimen de custodia compartida establecido.

Ante la gravísima situación que está sufriendo nuestro país, y ante la cantidad de dudas que nos llegan sobre si se puede o no seguir llevando a cabo con normalidad el régimen de visitas o de custodia compartida, desde este despacho profesional estamos en la obligación de aconsejar a todas esas personas que no saben qué hacer ante esta situación, que se basen en el sentido común que ante una situación tan grave como la que estamos sufriendo debe predominar en beneficio de los hijos. Ahora no se trata de privar a uno u otro progenitor de permanecer más o menos con el menor, se trata de proteger al menor y a los propios progenitores, se trata de primar la salud por encima de cualquier régimen de vista o custodia, que, para ejecutarlos, ya tendremos tiempo.

Apelando al sentido común

Apelando al sentido común de los progenitores, la Sección de Derecho de Familia del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, ha emitido una serie de recomendaciones que se resumen en que, partiendo del sentido común y del buen ejecutar de las normas sanitarias, se proceda a cambiar las estancias establecidas en las resoluciones judiciales, teniendo en cuenta que la situación en la que nos encontramos todos es de emergencia nacional. Dicho cambio o modificación será momentáneo y únicamente debido a las circunstancias actuales, sin que dicho cambio pueda dar lugar a ningún derecho adquirido por el progenitor que permanezca durante más tiempo con los menores. Y es esa misma línea la que defendemos desde este despacho profesional; resulta innecesario generar un riesgo evitable únicamente para cumplir un régimen de vistas o custodia, que pude dejarse en suspenso y compensarse más adelante.

Es de resaltar especialmente y así queremos hacerlo desde Celdrán Abogados, que el progenitor que no ostente la guarda y custodia en el caso de custodia monoparental, o que no ostentase la custodia dentro de una custodia compartida, tiene pleno derecho a mantener contacto con sus hijos a través de cualquier medio electrónico o telefónico actual, estando obligado el progenitor con el que los menores permanezcan, a facilitar dichas comunicaciones. Es muy importante tomar conciencia e incluso explicarles a los menores si tienen capacidad para comprenderlo, que se trata de un incumplimiento necesario y no voluntario, que ambos progenitores has decidido adoptar la mejor medida por y para el beneficio de sus hijos y de todas las personas de las respectivas familias de sus progenitores, volviendo todo al a normalidad cuando esta situación termine.

Acumulación de periodos de visita y custodia compartida

Una buena medida a adoptar y que nos gustaría proponer desde nuestro despacho al igual que ha sido propuesta por muchos otros organismos, para que el perjuicio presente se vea compensado en un futuro a favor del progenitor que en la situación actual no pueda estar con los menores, es que los periodos de visitas o de custodia compartida se acumulen. Es decir, si un progenitor no custodio tiene derecho a fines de semana alternos y a un día de visita intersemanal, y esta situación dura, como hasta ahora es oficial, un mes, cuando todo termine tendrá a su favor dos fines de semana y 4 días intersemanales pendientes de disfrutar; haciéndolo así, el perjuicio actual no lo será cuando se compense.

Tras todo lo anterior, es también nuestro deber informarles de que el Real Decreto 463/2020, de 14 de Marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, no prohíbe en momento alguno ni limita en ningún aspecto el régimen de visitas o de custodia, existiendo incluso recomendaciones de organismos con el Consejo General del Poder Judicial que avalan que se mantengan el régimen de visitas. Este dato forma parte de la realidad y aunque bajo nuestro criterio como ya hemos puesto de manifiesto, no sería lo más recomendable, es cierto que hay organismos que así lo están enfocando. Por parte de los Juzgados existe disparidad de criterios sobre esta misma materia, como ejemplo reciente hacemos mención a la sentencia dictada por Juzgado de 1ª Instancia de Alcorcón y de la Junta de Jueces de Tolosa, que suspenden cualquier sistema de visita y/o custodia compartida, quedando los menores en compañía del progenitor con quien estuviesen en el momento decretarse el estado de alarma. Dicha posición es contrapuesta a la de la Junta de Jueces de Familia de Zaragoza, o a la de Jueces de Familia y de Violencia sobre la Mujer de Pamplona, que mantienen los sistemas de reparto de tiempo y los regímenes de visita de los fines de semana alternos, las visitas intersemanales con pernocta, suspendiendo las visitas intersemanales sin pernocta.

Acuerdos entre los progenitores

En resumen de todo lo expuesto, desde Celdrán Abogados consideramos que lo más apropiado para el buen fin de las medidas a llevar a cabo dentro del estado de alarma bajo el amparo del Real Decreto mencionado, es la adopción de acuerdos entre los progenitores que velen por el correcto bienestar de los menores. Exponer a los mismos al riesgo de traslado con el posible riesgo de contagio que eso acarrea hace que las decisiones judiciales que hasta la fecha eran de obligado cumplimiento para los progenitores, deban entrar en suspenso debido a la gravedad de la situación. Dicho suspenso en nada perjudica al progenitor que se vea privado de la estancia con sus hijos cuando le correspondía, ya que debiendo predominar la sensatez, esos días deben ser compensados al progenitor perjudicado tras el levantamiento del estado de alarma en el que nos encontramos.

Para finalizar, instamos a los progenitores que se encuentren en esta tesitura a que el acuerdo alcanzado se vea recogido por escrito para que de este modo no exista ningún problema al respecto.

Si desea ampliar la presente información, no dude en ponerse en contacto con nuestro despacho enviando un email a administracion@celdranabogados.com  o bien llamando al 91.664.15.47 y un miembro de nuestro despacho le atenderá para tratar su caso en particular

León del Congreso de los Diputados | Responsabilidad patrimonial de la administración por funcionamiento anormal

Responsabilidad patrimonial de la Administración por funcionamiento anormal de la misma

Debido a la situación que acontece a nuestro país, consideramos conveniente desarrollar y explicar si existe o no posibilidad de solicitar e iniciar procedimiento de responsabilidad patrimonial frente al Estado por funcionamiento anormal, debiendo encuadrarse todo ello dentro del contexto de estado de alarma derivado de la crisis sanitaria y económica en la que nos encontramos inmersos.

Antes de nada, debemos acudir al texto legal que expone y determina los motivos por los que se puede llevar acabo acción de responsabilidad patrimonial, y para ello debemos acudir a la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Dentro de dicha ley, tenemos que centrarnos en primer lugar en el artículo 32 de dicho texto legal, el mismo expone lo siguiente: «1. Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos salvo en los casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la ley».

Concepto de «Fuerza Mayor»

En base a ello, tenemos que examinar si la situación que este país afronta es o no un caso de fuerza mayor, y si por tanto está o no excluida del derecho del particular a ser indemnizado por la Administración Pública competente. El concepto de “fuerza mayor” se puede definir como aquella circunstancia imprevisible e inevitable que altera las condiciones de una obligación; nuestra doctrina y jurisprudencia va más allá a la hora de definir la esencia del concepto de “fuerza mayor”, y puntualiza con lo siguiente: “acontecimiento que no solo es imprevisible, sino que, aún cuando se hubiera previsto habría sido inevitable”.  

Lo anteriormente expuesto debe ponerse de manera obligada en relación con el artículo 35 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, el cual expone que : «No serán indemnizables los daños que se deriven de hechos o circunstancias que no se hubiesen podido prever o evitar según el estado de los conocimientos de la ciencia o de la técnica existentes en el momento de producción de aquéllos, todo ello sin perjuicio de las prestaciones asistenciales o económicas que las leyes puedan establecer para estos casos». En base a todo ello, tenemos que partir de la premisa de que todo lo que está ocurriendo si hubiera sido previsto por las autoridades competentes, hubiera sido evitable o no; esto es lo que haría poder o no acudir a vía de la responsabilidad patrimonial de la administración. Ya que, si esa previsión hubiera podido evitar las consecuencias sufridas, no estaríamos ante un supuesto de fuerza mayor, y sí podríamos defender el derecho indemnizatorio del ciudadano afectado.

Tardanza o no en la adopción de medidas por parte del Estado

El hecho más controvertido sobre esta cuestión en la actualidad, es la tardanza o no en la adopción de medidas por parte del Estado, una gran parte de las opiniones vertidas sobre ese asunto discrepan con el Estado achacando la tardanza en la adopción de medidas, permitiendo que el fin de semana del 7-9 de Marzo se realizaran en todo el territorio español congregaciones multitudinarias de personas que puedan haber ocasionados la consecuencia que a día de hoy tenemos en nuestro país. ¿Si se hubieran evitado todas y cada una de las congregaciones se hubiera evitado la situación en la que nos encontramos?. Pues bien, esta pregunta es la que todos y cada uno de nosotros ya nos hemos hecho varias veces desde que se decretó el estado de alarma, y es la misma que nos seguiremos haciendo durante mucho tiempo; y es la respuesta a esta pregunta la que da origen a la posibilidad de iniciar la acción de la que os hablamos en el presente artículo, ya que si de haberse previsto se hubiera podido evitar la envergadura de la situación, el escenario de fuerza mayor perdería valor bajo nuestro criterio.

Existen informaciones que llevan a la conclusión de que, si la autoridad competente presuntamente era conocedora desde hace meses de la grave situación existente, más si cabe teniendo ejemplos de países vecinos como Italia, se deberían haber llevado a cabo precauciones de forma inmediata empleando todos y cada uno de los medios necesarios que estuvieran a su alcance.

La respuesta a esa pregunta se verá contestada cuando la situación que atravesamos llegue a su fin y pueda detallarse la realidad de los acontecimientos, hoy en día tenemos informaciones contradictorias que hacen que no podamos ni estemos en la posición de dar una respuesta cerrada a ello, ni achacar responsabilidad a la Autoridad competente. Todo terminará y podremos saber si los pasos dados fueron los únicos posibles, o si por el contrario hubo algún extremo que no se realizó de manera correcta, existiendo información que así lo recomendaba, en el caso de que la hubiere.

Desde Celdrán Abogados continuaremos manteniéndoos informados de toda novedad que se produzca en esta materia, y os indicaremos el modo y forma de proceder ante dichas novedades.

Si desea ampliar la presente información, no dude en ponerse en contacto con nuestro despacho enviando un email a administracion@celdranabogados.com  o bien llamando al 91.664.15.47 y un miembro de nuestro despacho le atenderá para tratar su caso en particular

venta de una casa | firma | reclamación de la plusvalía municipal

Reclamación de la plusvalía municipal

Reclamación de la plusvalía municipal

La plusvalía municipal es el Impuesto que se abona al transmitir la propiedad de un inmueble, bien por venta, por herencia, donación u otro título válido. Lo que graba este impuesto es el incremento que experimenta el valor del suelo de los terrenos de naturaleza urbana.

¿Se puede reclamar este impuesto? ¿Quién puede hacerlo?

La respuesta es sí, este impuesto podrá reclamarse una vez ha sido abonado, siguiendo los trámites administrativos y legales correspondientes. Podrán reclamarlo aquellas personas que hayan visto mermada su capacidad económica o hayan tenido un pérdida en el valor que ha experimentado los terrenos.

Esta pérdida puede acreditarse al comparar los importes de adquisición y transmisión en las escrituras, siendo viable la reclamación cuando el importe de transmisión sea inferior al valor de adquisición. No obstante, también podrá reclamarse este impuesto cuando el valor del suelo haya experimentado un decremento entre el valor de adquisición y transmisión. Pero, ¿cómo sabemos si existe o no esta pérdida en el valor del suelo? Desde Celdrán Abogados realizamos estudios previos de viabilidad con un perito experto valorador del suelo que determina si entre los periodos de adquisición y transmisión el valor del suelo ha experimentado o no una pérdida en mismo, lo cual determina la viabilidad de la reclamación.

¿En qué plazo se puede reclamar?

El plazo de reclamación variará dependiendo del tipo de carta de pago frente a la que nos encontremos, esto es, habrá que diferenciar entre Autoliquidación o Liquidación, lo cual dependerá de lo estipulado en las ordenanzas municipales que regulen este impuesto en cada uno de los ayuntamientos. Así, cuando estemos ante una autoliquidación tendremos un plazo de cuatro años desde su abono, mientras que cuando estemos frente a una liquidación tendremos un mes desde el abono de la carta de pago.

¿Por qué debemos reclamar este impuesto?

Desde Celdrán abogados recomendamos a todos los contribuyentes que se encuentren habilitados a que reclamen la devolución de este impuesto, puesto que existe numerosa jurisprudencia tanto de nuestro Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo y del resto de juzgados que avalan la devolución de las plusvalías cuando la transmisión del inmueble se haya experimentado con pérdida de capacidad económica, acreditada por cualquier medio válido en derecho. Se trata de un procedimiento largo, el cual debe de agotar previamente la fase administrativa para poder acudir posteriormente a la fase judicial, en caso de que nuestras pretensiones no se hayan visto reconocidas en vía administrativa.

Puede darse la situación de que los Ayuntamientos decidan, en vía administrativa, acordar la devolución de lo abonado en concepto de plusvalía, no obstante, otros ayuntamientos deciden agotar la vía administrativa, debiendo acudir a la vía judicial para ver reconocidos nuestros derechos. En este caso, la cantidad a reclamar será lo abonado en concepto de plusvalía más los intereses que legalmente se hayan devengado hasta la fecha de abono de la plusvalía.

Por ello, si se decide reclamar, a pesar de tratarse de un procedimiento relativamente largo, puede recuperarse la totalidad de lo abonado en concepto de este impuesto más los intereses legalmente devengados.

En nuestra web podrá consultar diferentes sentencias estimatorias que hemos tenido en el despacho, en las cuales los derechos de nuestros representados se han visto reconocidos, acordándose la devolución de lo abonado en concepto del mencionado impuesto más los intereses legamente devengados.

Desde Celdrán Abogados sabemos y podemos ayudarle, por lo que, si has tenido que abonar una plusvalía recientemente o vas a tener que hacerlo y quieres reclamar lo abonado en concepto de la misma, no dude en consultarnos para ser asesorado por nuestro equipo de profesionales.

Si desea ampliar la presente información, no dude en ponerse en contacto con nuestro despacho enviando un email a administracion@celdranabogados.com  o bien llamando al 91.664.15.47 y un miembro de nuestro despacho le atenderá para tratar su caso en particular

Padre hija haciendo los deberes en la terraza

Nuevas medidas sociales y económicas: familia y colectivos vulnerables

Familias y Colectivos Vulnerables

Con motivo del COVID-19, nuestro equipo de Celdrán Abogados está haciendo un especial esfuerzo en mantener informado a nuestros clientes en torno a todas las novedades legislativas que se van aprobando casi a diario.

En este sentido, hemos elaborado un documento en el que recogemos las Nuevas medidas sociales y económicas contenidas en el RDL 11/2020, que son de especial interés para las familias y colectivos vulnerables.

Leer documento completo

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tienda

¿Puedo dejar de pagar mi arrendamiento del Local o a mis proveedores si el Gobierno me ha obligado a Cerrar mi negocio?

¿Puedo dejar de pagar mi arrendamiento del Local o a mis proveedores si el Gobierno  me ha obligado a Cerrar mi negocio conforme al RD  463/2020 de 17 de Marzo de 2020?

Ana Gómez Girón, Abogada en nuestro despacho, ha escrito un artículo acerca de si existe o no la posibilidad de dejar de pagar el arrendamiento del local o incluso a los proveedores como consecuencia del cierre del negocio impuesto por el Gobierno.

Nuestra compañera afirma que: «En términos generales la respuesta es No, debido a que nos encontramos con un contrato en vigor que genera fuerza obligacional entre las partes, pero existen algunas excepciones como las que vamos a explicar a continuación conforme a la situación de imprevisible del COVID 19.«

Leer documento completo

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que es el irph

Qué es el índice IRPH en las escrituras del préstamo hipotecario

El índice del IRPH se encuentra en el centro de la noticia, y es que se prevé que para el inicio del próximo año 2020 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronuncie sobre la nulidad del IRPH, amparando a los consumidores y usuarios que suscribieron un contrato de préstamo hipotecario que contenían este tipo de cláusulas abusivas. Para poder explicarlo, primero te explicaremos qué es el IRPH.

¿Qué es el índice del IRPH de las hipotecas?

Es el Índice de Referencia de los Prestamos Hipotecarios, actuando como un indicador que se ha utilizado en las hipotecas variables. Al igual que en determinados préstamos hipotecarios se uso como referencia el Euribor, otros apostaron por el IRPH. El tipo de interés medio que aplica este índice dependerá de los préstamos hipotecarios concedidos, si son muchos y con interés mayor el IRPH
será mayor, por el contrario, si son menos, con intereses más bajos el IRPH será menor.

El IRPH se puede calcular de tres modos distintos, el primero de ellos en base a la media de los préstamos concedidos a tres años por los bancos, siendo este el llamado IRPH de los bancos; en el segundo se tendrá en cuenta la oferta media de cajas de ahorro, el llamado IRPH de cajas y el más habitual extendido por las entidades bancarias; y finalmente en tercer lugar nos encontramos con el IRPH global de las entidades, es decir el IRPH formado por el conjunto de las entidades.

Los datos del IRPH son elaborados por el Banco de España, y posteriormente se publican en el BOE. El IRPH se presentó a los consumidores como una gran ventaja frente al Euribor, alegando que era un indicador que variaba menos, por lo que debería subir en menor medida que lo hacía el Euribor. Pero lo que no se contaba a los consumidores es que el IRPH es un índice bastante más caro que el Euribor, suponiendo que las hipotecas que contenían el primer índice podían costar al consumidor hasta el
doble que la suscrita con el segundo.

¿Desconoce si su préstamo hipotecario contiene la cláusula del IRPH? Le ayudamos a identificarlo.

Una vez que ya sabe qué es el IRPH de una hipoteca, le ayudamos a saber si su hipoteca contiene esa cláusula. En su escritura de préstamo hipotecario debe figurar el tipo de referencia al que se encuentra sometido el mismo. Generalmente, en la mayoría de los préstamos bancarios suscritos con las entidades, este tipo de referencia interbancario figura en la cláusula tercera del préstamo, o en el apartado del préstamo hipotecario donde se recoja el “tipo de interés variable”, pudiendo contenerse en el mismo a modo de ejemplo “tipo medio de los préstamos hipotecarios a más de tres años para adquisición de vivienda libre del conjunto de entidades de crédito”.

Otra vía para comprobar la existencia de este índice en su préstamo hipotecario será mediante la revisión de los recibos de la hipoteca y el interés que se esta abonando y que figura en los mismos.

Aún queda esperar a que el Tribunal se pronuncie sobre la nulidad del IRPH. No obstante, si tiene cualquier duda de que su préstamo pueda contener este tipo de índice o no entiende qué es el IRPH y piensa que puede necesitar ayuda, no dude en contactar con el equipo de especialistas en derecho bancario de CELDRÁN ABOGADOS para que podamos revisar su préstamo hipotecario y revisar la existencia de esta y otras muchas cláusulas abusivas que se pueden contener en el mismo, y que pueden ser reclamables judicialmente a su entidad bancaria.

El procedimiento monitorio

Quiero reclamar una deuda judicial ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Puedo instar un procedimiento monitorio para reclamar una deuda? ¿Qué debo hacer si el procedimiento es contra mí por unas cantidades que adeudo? ¿Debo oponerme? ¿Debo pagar? Esas son algunas de las preguntas que todos nos hacemos cuando debemos iniciar o nos han presentado un procedimiento monitorio, por lo que mediante el presente post vamos a intentar explicar de manera sencilla en que consiste este procedimiento y como llevarlo a cabo.

Lo primero que debemos saber es que el procedimiento monitorio se recoge en el articulado de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y permite reclamar una deuda que sea determinada, dineraria, líquida, vencida y exigible.

Para que pueda reclamarse una deuda mediante un procedimiento monitorio el acreedor deberá disponer de título jurídico válido que acredite que esa deuda se tiene, este título podrá ser a mono de ejemplo, unas facturas, unos reconocimientos de deuda, unos acuerdos firmados, etc.

Los Juzgados competentes para conocer de los procedimientos de juicio monitorio serán los juzgados de primera instancia del partido judicial donde radique el domicilio del deudor. En los procedimientos monitorios no existe un máximo de cantidad exigible, únicamente se tendrá en cuenta para conocer por que tipo de procedimiento deberá regirse el mismo para el caso en que exista oposición por parte del deudor, siendo el juicio verbal en aquellas cantidades inferiores a seis mil euros, y el juicio ordinario en aquellas que superen este importe.

Los procedimientos monitorios se inician mediante una petición que podrá iniciarse por el interesado en aquellas cantidades inferiores a 2.000 euros, y por abogado y procurador en aquellas reclamaciones que superen este impuesto.

¿Qué puedo hacer si me presentan un procedimiento monitorio?

Si nos presentan un procedimiento monitorio podremos actuar de diferentes formas:

  • Oponernos en el plazo otorgado para ello.
  • Pagar las cantidades reclamadas.
  • No oponernos ni ejecutar ninguna acción, situación donde nos declarará en rebeldía procesal.

Una vez presentada la oposición al procedimiento monitorio y cumplimentado este trámite se abre la opción de la negociación con la parte acreedora, suponiendo esta una situación que en ocasiones beneficia en gran medida al deudor.

Si se presenta oposición y nos encontramos ante un procedimiento verbal, el secretario judicial mediante decreto dará por finalizado el proceso monitorio abriendo la puerta al juicio verbal, fijando fecha de vista donde deberán acudir ambas partes. Por el contrario, si debido a la cantidad reclamada el procedimiento será ordinario, se decretará la finalización del procedimiento monitorio otorgándose al acreedor el plazo de un mes para presentar la correspondiente demanda de juicio ordinario ejercitando la acción de reclamación.

Si no se presenta oposición, el juzgado emitirá notificación decretando que se debe la deuda, teniendo así el acreedor la posibilidad de iniciar un procedimiento de ejecución por estas cantidades si las mismas no se abonan en el plazo convenido.

Para conocer cual es su supuesto y como debe proceder, desde CELDRÁN ABOGADOS ponemos a su disposición un equipo de especialistas para valorar su caso concreto.

vicios ocultos en producto defectuoso

¿Cómo reclamar la entrega de una cosa defectuosa?

¿Qué hacemos si adquirimos un producto y el mismo tiene un defecto? O, ¿Qué ocurre si compramos una cosa y finalmente nos hacen entrega de otra? ¿Tenemos alguna posibilidad de reclamar al vendedor? Sí, pero dependiendo de la situación en la que se encuentren las acciones que se podrán ejercitar contra aquel que entregó la cosa serán diferentes. Por ello, en el siguiente post haremos una distinción entre la figura de vicios ocultos y el aliud pro alio. Leer más «¿Cómo reclamar la entrega de una cosa defectuosa?»

Reclamación de cuota tarifa plana de autónomos

Reclamamos tu cuota de autónomo societario

Llegan buenas noticias para aquellos autónomos societarios que no tengan atribuida la tarifa plana, puesto que tras la reciente sentencia emitida por el Tribunal de lo Contencioso – Administrativo nº2 de León de 11 de Julio de 2019, aquellos autónomos societarios sin la tarifa plana aplicada podrán reclamar que se proceda a devolverles los excesos de cotización por no estar acogidos a la tarifa plana.

Esta revolucionaria sentencia ha dado la razón a un autónomo en contra del criterio que tenía establecido hasta ahora la Tesorería General de la Seguridad Social.

Y entonces ¿Qué pasa si no se te aplicó la tarifa plana?

Así pues, a partir de ahora a los autónomos societarios se les deberá aplicar la tarifa plana vigente, mientras que a los que no la tengan ya aplicada deberán solicitar la devolución de ingresos indebidos.

En la citada sentencia, el Juzgado de lo Contencioso parte de la devolución de ingresos indebidos desestimada por la Seguridad Social en vía administrativa, ya que la Tesorería había estado cobrando la cuota íntegra al trabajador después de haber disfrutado de la tarifa plana en lugar de aplicar las reducciones que se contemplan en la ley para el segundo año de actividad., lo que implica que del mes 12 al 18 el autónomo podrá reducirse el 50% de la cuota y del 18 al 24 el 30%.

Finalmente, se obliga a la Seguridad social a devolver al afectado la totalidad de las cantidades que se corresponden a lo que ha cotizado de más durante los meses en los que podría haberse acogido a la tarifa plana y no lo ha hecho.

Esta novedosa jurisprudencia abre la puerta a que muchos autónomos societarios se animen a reclamar aquellas cantidades abonadas de más por constituir un exceso de cotización ante la Seguridad Social, por ello, si su situación es similar a la comentada, no dude en contactar con CELDRÁN ABOGADOS para revisar su cuota y asesorarle en lo que necesite.

tarjetas revolving

¿Cómo anular una tarjeta de crédito revolving?

Es posible que en las últimas fechas haya oído hablar de las tarjetas de crédito revolving, es más, es muy posible que tenga en su poder una de estas tarjetas y hasta la fecha no conozca su funcionamiento, ni su posible carácter abusivo, consecuencia del cual está habiendo gran cantidad de reclamaciones a las entidades emisoras para anular tarjetas revolving.

Pero, ¿Qué son realmente este tipo de tarjetas revolving?

Las tarjetas revolving son tarjetas mediante las cuales se otorga un crédito de consumo, es decir, métodos de pago usados para aplazar el abono de compras. Se caracterizan por llevar aparejados un límite de crédito establecido, siendo este el dinero del que se puede disponer. Según se van efectuando los cargos o compras, se deberá reponer este dinero mediante recibos periódicos, puesto que según se va saldando la deuda, el salgo total vuelve a estar disponible en la tarjeta para que el titular pueda volver a hacer uso de la misma. Es decir, más que tarjetas de crédito, este tipo de tarjetas funcionan como préstamos rápidos o microcréditos.

El problema con el que se pueden encontrar los titulares de estas tarjetas es que, finalmente y sin darse cuenta, están siempre endeudados y nunca se termina de saldar la deuda, ya que los intereses que se aplican oscilan entre un 20 y un 30%, por lo que con esto, puede surgir la necesidad de querer anular una tarjeta revolving. Además, se añaden a las reclamaciones de estos intereses remuneratorios, los titulares de estas tarjetas se ven obligados a abonar también cargos por comisiones de desembolso, cargos en conceptos de primas de seguros o comisiones por reclamación pagos atrasados.

¿Cómo puedo anular una tarjeta revolving?

Consecuencia de abundantes reclamaciones por estos conceptos, el Tribunal Supremo se pronunció sobre esta materia, declarando la nulidad de este tipo de tarjetas y préstamos por usura, dando lugar a que el usuario de estas tarjetas se encuentre obligado únicamente a abonar tan solo la suma que recibió, es decir, el préstamo se entrega sin intereses, teniendo la entidad emisora de la tarjeta la obligación de devolver todas las cantidades indebidamente cobradas por los conceptos anteriormente reseñados.

Los Tribunales se han posicionado a favor de los afectados por este tipo de tarjetas, determinando que los intereses que se cobran por los bancos son desproporcionados y se consideran usurarios, en base a la Ley de Usura.

El Tribunal Supremo sentó jurisprudencia con su sentencia emitida en noviembre de 2015, y a él le han seguido numerosos juzgados de Primera Instancia y numerosas Audiencias Provinciales, los cuales dictan sus resoluciones en la misma línea que nuestro Alto Tribunal.

Si es titular de una de estas tarjetas, considera que está abonando más de lo que le corresponde y desea anular su tarjeta revolving, no dude en ponerse en contacto con nosotros, un equipo de profesionales expertos en derecho bancario estudiará su caso y le daremos la mejor solución para cubrir su situación.