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]]>Un desahucio abierto o con fecha abierta es un tipo de desahucio en el cual, mediante resolución judicial que realiza habitualmente el Letrado de la Administración mediante diligencia de ordenación o diligencia de lanzamiento, se establecen varios días para llevar a cabo el desahucio o se fija un día y el desahucio se puede hacer efectivo de esa fecha en adelante. Es decir, no señala un día en concreto, sino que fija un periodo de tiempo para llevar a cabo el desahucio.
Normalmente este tipo de desahucios se fijan por quincenas, aunque también nos podemos encontrar desahucios abiertos que se han fijado por periodos más largos como trimestres o con periodos abiertos, lo que significa que señalan un día y el desahucio se podrá realizar de esa fecha en adelante.
Fijar desahucios con fecha abierta es una práctica judicial reciente que ha surgido como reacción a la organización vecinal. En muchas ocasiones, al fijar día y hora para el desahucio, al llegar al domicilio se encuentran organizaciones vecinales, entidades o activistas que impedían o dificultaban que se hiciera efectivo el desalojo judicial. Ante la imposibilidad o dificultad de desahuciar a familias de sus domicilios, algunos juzgados de Cataluña y del resto de España están optando por decretar desahucios con fecha abierta.
El amparo legal de los desahucios con fecha abierta es inexistente. La Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), la norma encargada de regular los procedimientos civiles, establece con rotundidad hasta en 6 artículos que para cualquier desahucio es necesario establecer una fecha y una hora, o como mínimo una fecha determinada. De hecho, la modificación introducida por el nuevo Real Decreto-ley de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler todavía lo establece con mayor rotundidad al especificar que “que deberá fijarse por el órgano judicial el día y la hora exactos de los lanzamientos”
Si te encuentras en una situación de vulnerabilidad o tienes alguna duda, confíe en especialistas, como son los abogados que forman el equipo de CELDRÁN ABOGADOS. Envíenos un email a administracion@celdranabogados.com y estaremos encantados de ayudarle.
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]]>Y aunque estas medidas fueron tomadas hace ya cerca de un año, la evolución de la COVID-19 durante los últimos meses, ha supuesto la adopción de medidas extraordinarias para hacer frente a la pandemia. En este sentido, no poder hacer frente al pago del alquiler supone uno de los principales quebraderos de cabeza que encuentran las familias en esta situación.
Por ello, se han establecido diferentes medidas encaminadas a AYUDAR A LAS FAMILIAS MÁS VULNERABLES PARA EL PAGO DE SUS ALQUILERES, que incluyen, desde una moratoria en el pago o la suspensión de desahucios.
El Real Decreto Ley 37/2020 del Gobierno permite a personas que acrediten situación de vulnerabilidad económica instar al juzgado a la suspensión de un procedimiento de desahucio de su vivienda de alquiler en caso de que este derive de impagos de renta o por finalización del contrato.
En el decreto se incluyen medidas tan relevantes como que las administraciones deberán buscar, antes de que finalice la suspensión del desahucio, una salida habitacional digna para la persona arrendataria; o que se tome también en consideración la situación de vulnerabilidad económica que pueda tener el arrendador y que, según el caso, podrá prevalecer sobre la del arrendatario y hacer que continúe el procedimiento de desahucio.
Esta medida se mantendrá en vigor hasta el próximo 9 de agosto, en función de la nueva prórroga establecida por el Real Decreto Ley 8/2021.
Los propietarios de las viviendas afectadas por la suspensión de desahucios podrán beneficiarse de compensaciones, que se calcularán en torno al precio del alquiler medio de vivienda en la zona en la que esté el inmueble. Podrán solicitar las compensaciones hasta el 9 de septiembre de 2021 y también se le compensará por los gastos corrientes de la vivienda que haya tenido que asumir por impago.
Una de las primeras medidas que se establecieron es el aplazamiento del pago mediante una moratoria.
En el caso de que su arrendador sea una empresa o entidad pública de vivienda o un gran tenedor, que sea titular de más de diez inmuebles, lo primero que debe hacer es ponerse en contacto con su arrendador y negociar un aplazamiento o la condonación de la deuda.
En caso de que no llegue a un acuerdo, podrá solicitarle una moratoria en el pago de la renta. Pasados siete días desde que la empresa haya recibido su solicitud, deberá ofrecerle una de estas dos posibilidades:
Esta moratoria se podrá solicitar hasta el 9 de agosto.
En el caso de que el arrendador sea un particular o una empresa con menos de diez alquileres, no está obligado a ofrecerle dicho aplazamiento. Si no llega a un acuerdo con él, puede acogerse a las distintas ayudas que se están preparando.
En caso de alguna duda, o de tener la necesidad de acudir a especialistas de la materia, acuda al equipo de profesionales de CELDRÁN ABOGADOS enviando un email a administracion@celdranabogados.com y estaremos encantados de poder ayudarle.
Celdrán Abogados
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